Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada ya anteriormente y que la ONU rechaza. La medida fue anunciada ayer por el poder judicial, acusado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018, según la ONU.
Un tribunal de Managua ordenó la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense” y “dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados”, según un comunicado.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento en base a datos oficiales. “Ortega y Murillo desnacionaliza y roba bienes a los 135 excarcelados políticos”, publicó el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en Estados Unidos, en la red X.
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